PUBLICACIONES SOBRE PBC-FT

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En este apartado ofrecemos enlace a algunas de las publicaciones más importantes en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo:

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Plan de Prevención y Protección Antiterrorista

Aprobado por el Comité Ejecutivo para el Mando Unificado (CEMU) del Ministerio del Interior, en su reunión del 31 de marzo de 2005, revisado y modificado a finales de junio de 2009 para mejorar su eficacia y perfeccionar su coordinación con otros planes operativos. Surge con el objetivo de asegurar la detección, seguimiento, análisis y evaluación continuada del riesgo de atentado terrorista, así como la puesta en marcha y coordinación de los dispositivos preventivos en caso necesario,  entendidos éstos como el conjunto de acciones llevadas a cabo con anterioridad a que se materialice un atentado terrorista con el objetivo de evitar que se produzca. Las medidas del Plan están principalmente dirigidas a la protección y vigilancia de los lugares de alta concentración de personas, así como infraestructuras estratégicas críticas, imprescindibles para el normal funcionamiento de la actividad ciudadana. El Plan de Prevención y Protección Antiterrorista cuenta con cinco Niveles de Alerta Antiterrorista (cinco niveles de activación asociados a un determinado nivel de riesgo o amenaza terrorisata): el Nivel 1 corresponde a riesgo bajo, el Nivel 2 a riesgo moderado, el Nivel 3 a riesgo medio, el Nivel 4 a riesgo alto y el Nivel 5 a riesgo muy alto.

 

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)

Líder mundial en la lucha contra las drogas ilícitas y la delincuencia internacional, encargada además de ejecutar el programa principal de las Naciones Unidas contra el terrorismo. La UNODC fue establecida en 1997 y está integrada por unos 500 funcionarios en todo el mundo. Tiene su sede en Viena y opera 20 oficinas extrasede, así como oficinas de enlace en Nueva York y Bruselas. La labor de la UNODC consiste en educar a las personas en todo el mundo sobre los peligros del uso indebido de drogas y fortalecer las intervenciones internacionales contra la producción y el tráfico de drogas ilícitas y la delincuencia relacionada con las drogas. Además se encarga de la ejecución de proyectos contra el blanqueo de dinero, presta asistencia en la reforma de la justicia penal a fin de fortalecer el Estado de derecho, promover sistemas estables y viables de justicia penal y combatir las crecientes amenazas de la delincuencia organizada internacional y de la corrupción, así como para la ratificación y la aplicación de los 19 instrumentos jurídicos universales contra el terrorismo. En 2016, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito puso en marcha un programa mundial de promoción de una cultura de la legalidad, que incluye la creación de una red mundial de integridad judicial para intercambiar buenas prácticas y lecciones aprendidas sobre los retos prioritarios y las nuevas cuestiones relativas a la integridad judicial y la prevención de la corrupción. Este es un paso importante en el diseño de un lenguaje y perspectiva común entre distintos espacios de Naciones Unidas.

 

Estrategia de Seguridad Nacional 2017 para España

Esta Estrategia es el marco de referencia para la política de Seguridad Nacional, una Política de Estado que concibe la seguridad de forma amplia al servicio del ciudadano y del Estado. La Seguridad Nacional se puede ver comprometida por elementos de muy diversa índole según su naturaleza geopolítica, tecnológica, económica o social, entre otras. Esta Estrategia distingue entre amenazas, que comprometen o pueden socavar la Seguridad Nacional, y desafíos que, sin tener de por sí entidad de amenaza, incrementan la vulnerabilidad, provocan situaciones de inestabilidad o pueden propiciar el surgimiento de otras amenazas, agravarlas o acelerar su materialización. En el mundo actual, tanto las amenazas como los desafíos suelen estar interconectados y sus efectos traspasan fronteras. El terrorismo yihadista, por ejemplo, proyecta su ideología radical y actúa a nivel global, incluyendo el propio territorio europeo, donde ha protagonizado execrables atentados. Estos grupos se caracterizan por su rápida mutabilidad y su adaptación a los cambios y estrategias seguidas contra ellos​. El desarrollo tecnológico ha ampliado además el acceso a recursos disponibles para los grupos terroristas, incrementando su capacidad de financiación, reclutamiento, adiestramiento y propaganda. En general, en un contexto de información masiva y empleo generalizado de redes sociales, crecen los riesgos de difusión de propaganda terrorista y de propagación de formas de radicalización y extremismo violento.

 

40 Recomendaciones de GAFI

Estándares internacionales de la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación

El GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), también conocido como FATF por sus siglas en inglés (Finanncial Action Task Force), es un organismo intergubernamental creado en 1989 por el G-7 y radicado en la O.C.D.E. Sus 37 países e instituciones miembros se reúnen en pleno tres veces al año para adoptar decisiones. Las Recomendaciones del GAFI establecen medidas esenciales que los países deben implementar y establecen el patrón mínimo a aplicar en las legislaciones de los países. Las 40 Recomendaciones originales del GAFI del año 1990 fueron una iniciativa para combatir los usos indebidos de los sistemas financieros por parte de personas que lavaban el dinero del tráfico ilícito de drogas. En 1996, se revisaron las Recomendaciones por primera vez para reflejar las crecientes tendencias y técnicas de lavado de activos y para ampliar su campo más allá del lavado de activos proveniente de las drogas. En octubre de 2001, el GAFI incluyó el financiamiento de actos y organizaciones terroristas y creó las importantes Ocho (luego ampliadas a Nueve) Recomendaciones Especiales sobre el financiamiento del terrorismo. En 2003, las Recomendaciones del GAFI se revisaron por segunda vez y junto con las Recomendaciones Especiales fueron avaladas por más de 180 países, y son reconocidas universalmente como el estándar internacional contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT)La lucha contra el financiamiento del terrorismo es un desafío muy significativo. Un sistema efectivo de ALA/CFT, en general, es importante para tratar el financiamiento del terrorismo. La mayoría de las medidas que anteriormente se concentraban en el financiamiento del terrorismo están ahora integradas en las Recomendaciones, obviando entonces la necesidad de las Recomendaciones Especiales. Sin embargo, hay algunas Recomendaciones que son únicas para el financiamiento del terrorismo, y están estipuladas en la Sección C de las Recomendaciones del GAFI. Éstas son: La Recomendación 5 (la criminalización del financiamiento del terrorismo); Recomendación 6 (sanciones financieras dirigidas relacionadas al terrorismo y financiamiento del terrorismo); y Recomendación 8 (medidas para prevenir el uso idebido de los organizaciones sin fines de lucro). La proliferación de armas de destrucción masiva es también una preocupación para la seguridad y en el 2008 el mandato del GAFI se incluyó el manejo del financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Para combatir esta amenaza, el GAFI ha adoptado una nueva Recomendación (R. 7) que intenta asegurar una implementación constante y efectiva de las sanciones financieras cuando éstas sean solicitadas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

 

Lista de Países no Cooperantes y Jurisdicciones de Alto Riesgo del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) como ente intergubernamental tiene la misión de fijar estándares y promover la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, así como el financiamiento de la proliferación y otras amenazas a la integridad del sistema financiero internacional. En esta lista el GAFI identifica jurisdicciones con medidas débiles para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, lo que permite conocer cuáles son aquellas jurisdicciones que no cumplen con los estándares internacionales en esta materia y cuál es el grado de compromiso político de sus autoridades para solventar las deficiencias detectadas.

 

29 Principios Básicos para una supervisión bancaria eficaz 

Publicados por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (BCBS, por sus siglas en inglés). Este Comité constituye un foro internacional de cooperación en materia de supervisión bancaria. Su principal objetivo es mejorar la comprensión de los temas claves en el terreno de la supervisión y aumentar la calidad de la supervisión bancaria a nivel mundial, a través de la puesta en común de enfoques, técnicas y experiencias. El Comité está compuesto por autoridades de Alemania, Arabia Saudí, Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, China, Corea, España, Estados Unidos, Francia, Hong Kong, India, Indonesia, Italia, Japón, Luxemburgo, México, Países Bajos, Reino Unido, Rusia, Singapur, Sudáfrica, Suecia, Suiza y Turquía. Su secretaría se encuentra en el Banco de Pagos Internacionales, en Basilea (Suiza). El Banco de España es el representante español en el BCBS. Los Principios Básicos para una supervisión bancaria eficaz (Principios Básicos) son las normas mínimas de facto para la correcta regulación y supervisión prudencial de bancos y sistemas bancarios. Desde su publicación en 1997, los Principios Básicos sirven a los países como referencia para evaluar la calidad de sus sistemas supervisores e identificar las medidas necesarias para alcanzar niveles de calidad equiparables en las prácticas supervisoras. Los Principios Básicos también los utilizan el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial en su Programa de evaluación del sector financiero (PESF) para comprobar la eficacia de los sistemas y prácticas de supervisión bancaria en los distintos países. Tanto los Principios Básicos como su metodología de evaluación (Metodología de los Principios Básicos) han logrado su propósito de ayudar a los países a evaluar sus sistemas supervisores e identificar posibles ámbitos de mejora. Al tiempo que se ha intentado preservar la continuidad y la comparabilidad en la medida de lo posible, el Comité ha fusionado los Principios Básicos y la metodología de evaluación en un único documento. El nuevo conjunto de 29 Principios Básicos se ha reorganizado con el fin de fomentar su implementación mediante una estructura más lógica, comenzando por las potestades, atribuciones y funciones del supervisor, seguido de las expectativas supervisoras con respecto a los bancos, enfatizando la importancia de un adecuado gobierno corporativo y gestión de riesgos, así como el cumplimiento de las normas supervisoras.

 

14 Principios de Grupo Wolfsberg para la prevención del blanqueo de capitales en la actividad de banca de corresponsales

El Grupo Wolfsberg nació en el año de 1999 por la asociación de 11 bancos globales, bajo la intervención de Transparencia Internacional, quien medió entre los bancos de Estados Unidos y Europa. Actualmente está formado por 13 bancos globales con el principal objetivo de desarrollar un marco de referencia para la gestión del riesgo relacionado con crímenes financieros entre los que destacan el blanqueo de capitales y el financiamiento al terrorismo. Estos principios constituyen una guía para establecer y mantener relaciones de banca de coresponsales, capacitando a las instituciones financieras para ejercer unas prácticas sanas en los negocios con sus clientes y previniendo el uso de sus operaciones mundiales para propósitos delictivos. Estos principios abogan por un análisis basado en los riesgos, de forma que los clientes que presenten mayores riesgos estarán sujetos a un mayor nivel de diligencia debida.

 

Nueva regulación del Comiso.

Modificación del Código Penal por medio de la

LO1/2015 y reforma y ampliación del Art. 127 del CP

La importancia que está cobrando la institución del Comiso deriva de sus importantes funciones como instrumento de lucha contra la delincuencia organizada, la corrupción y la delincuencia económica. El Comiso de los productos del delito impide que éstos puedan ser reutilizados para  financiar actividades criminales, como el terrorismo. Por otro lado evita que las ganancias puedan ser reinvertidas en el mercado legal, blanqueándolas y transformándolas en bienes o actividades económicas lícitas, para así poder disfrutar de ellas (finalidad última de las organizaciones criminales). Además la recuperación de los activos procedentes del delito para su adjudicación al Estado, supone la posibilidad de reinvertir estos bienes en proyectos de interés público y utilidad social, reparando, de algún modo, el enorme daño social generado por la comisión de estos delitos. Por ultimo, el decomiso actúa como elemento disuasorio frente a unas formas de delincuencia que se mueven única y exclusivamente por ánimo de lucro. El Comiso de estas enormes ganancias supone un desincentivo para las organizaciones criminales en la práctica de sus actividades delictivas, que dejan de ser rentables.

 

Memoria Anual de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA) 2017

El impulso de las reformas en materia de decomiso llevadas a cabo en el año 2015 y la adopción de medidas para garantizar su eficacia, responden a la necesidad de adecuar el ordenamiento jurídico español a la Directiva 2014/42 UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, sobre el embargo y decomiso de los instrumentos y del producto del delito en la Unión Europea. Una de estas medidas fue la creación de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA) en 2015, en base al Real Decreto 948/2015, de 23 de octubre.  La ORGA es un órgano de la Administración General del Estado español y auxiliar de la Administración de Justicia, al que corresponden las competencias de localización, recuperación, conservación, administración y realización de los efectos, bienes, instrumentos y ganancias, procedentes de actividades delictivas cometidas en el marco de una organización criminal y de cualesquiera otras que se le atribuyan, en los términos previstos en la legislación penal y procesal. El producto de la gestión y realización de los efectos, bienes, instrumentos y ganancias del delito, se aplica a los fines previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en concreto, al resarcimiento de las responsabilidades civiles y costas, y a programas de apoyo a las víctimas y de lucha contra la criminalidad organizada. Tal y como prevé el artículo 18 del Real Decreto 948/2015, de 23 de octubre, la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos elaborará una memoria anual de su actividad que será elevada por el Ministro de Justicia al Consejo de Ministros. Esta Memoria responde a esa obligación y al compromiso de transparencia de facilitar datos estadísticos que permitan a la ciudadanía un seguimiento de la actividad realizada. Asimismo permite a la propia Oficina evaluar su grado de adecuación a las necesidades y objetivos marcados y mejorar su función de auxilio a la Administración de Justicia. Ante la necesidad de proponer nuevas estrategias y objetivos para este nuevo periodo de actividad la ORGA ha elaborado el Plan de Acción 2017, de modo que sirva de auxilio a la Administración de Justicia y se constituya como un pilar más en la lucha activa contra la criminalidad, de la que derivan importantes beneficios económicos, a partir del diagnóstico de la situación y del escenario analizado pormenorizadamente en la Memoria Anual.

 

Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales (OCP)

La creación de este órgano fue consecuencia directa de la Orden EHA 2963/2005, que delimitó con mayor claridad que las legislaciones anteriores la colaboración de los notarios en la lucha contra el blanqueo de capitales. El Consejo General del Notariado creó en diciembre de 2005 el Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales para intensificar y canalizar la colaboración de los notarios en esta materia. Desde entonces, la ayuda notarial ha sido decisiva en el control y la prevención de delitos como el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo  y el fraude fiscal. 

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